Por Raúl Pizarro Sciaraffia, Ingeniero Agrónomo, Asesor Regulatorio Agrícola, quien nos cuenta sobre este marco legal inédito para la apicultura y las implicancias para el sector agrícola, y cómo esta ley es un punto de partida no de llegada.

En enero de 2023, Chile dio un paso relevante al promulgar la Ley N° 21.489 sobre Protección Apícola. Esta normativa, largamente esperada por el sector, busca resguardar la salud de las abejas y fomentar una apicultura sustentable, reconociendo su papel vital en la biodiversidad y la seguridad alimentaria.

Sin embargo, si bien la ley establece avances importantes, su aplicación práctica trae consigo una serie de desafíos que deben ser abordados con cuidado, diálogo y una institucionalidad preparada.

Un marco legal inédito para la apicultura

• El reconocimiento de las abejas como patrimonio natural y productivo.

• La obligatoriedad de registrar y geolocalizar apiarios, lo que permite un catastro más claro del sector.

• Normas sanitarias para el control de enfermedades como la varroasis.

• Regulaciones para el traslado de colmenas entre regiones.

• Restricciones en el uso de fitosanitarios durante la floración.

• Incentivos a la investigación y buenas prácticas apícolas.

• Sanciones ante daños ocasionados por malas prácticas agrícolas o uso indebido de productos.

Implicancias para el sector agrícola

Para los agricultores, esta ley impone nuevas exigencias operativas. Será necesario coordinarse con apicultores, evitar aplicaciones en floración o durante el forrajeo, notificar con anticipación el uso de productos y ajustar protocolos de manejo. Estas medidas, aunque positivas en términos de sostenibilidad, pueden aumentar la complejidad de las faenas agrícolas y generar fricciones si no hay diálogo fluido entre las partes.

En el caso de las empresas de fitosanitarios, se proyecta una presión regulatoria creciente para adaptar productos a perfiles más amigables con los polinizadores. Esto implica costos importantes en investigación, reformulación y etiquetado. Además, preocupa que las restricciones se apliquen según el principio activo y no por condiciones reales de uso en el campo, lo que puede impactar la disponibilidad de herramientas clave para la agricultura.

Los apicultores, por su parte, ganan reconocimiento y respaldo legal. Pero también se enfrentan a nuevas exigencias administrativas y sanitarias, lo que exigirá un proceso de profesionalización, especialmente en el caso de quienes operan en pequeña escala o sin asesoría técnica.

Una implementación que requiere institucionalidad y diálogo

El éxito de esta ley dependerá en gran medida de la capacidad del Estado para fiscalizar, coordinar y educar. SAG, Ministerio de Agricultura y gobiernos regionales deberán actuar con coherencia, asignando recursos adecuados y promoviendo instancias de capacitación y resolución de conflictos.

En este escenario, el fomento al manejo integrado de plagas y las buenas prácticas agrícolas surge como una vía de encuentro entre apicultores y agricultores. Sin embargo, se requiere una mirada más integradora que articule esta ley con otras políticas sectoriales y que promueva la innovación, la asociatividad y el financiamiento de prácticas sostenibles.

Un punto de partida, no de llegada

La Ley Apícola representa un avance innegable en el camino hacia una agricultura más armónica con la biodiversidad. Sin embargo, su implementación no está exenta de dificultades. Requiere adaptación técnica, claridad en la reglamentación, participación activa de los actores y un fuerte compromiso institucional.

Más allá de proteger a las abejas, el desafío de fondo es lograr un equilibrio real entre productividad agrícola y protección ambiental. La ley es un primer paso; ahora viene el trabajo más complejo: construir confianzas, resolver tensiones territoriales y avanzar hacia un modelo productivo verdaderamente sustentable.

Raúl Pizarro Sciaraffia, Ingeniero Agrónomo, Asesor Regulatorio Agrícola

Contacto: normagroconsultora@gmail.com